Tito Tricot
ALAI AMLATINA, 09/05/2016.- El archipiélago de Chiloé
es de esos trozos de tierra que parece desbocarse casi sin remedio al
precipicio del mar. O, quizás, el mar trepa sin suerte alguna a aquellas
trizas de colinas y bosques antiguos.
Un entramado de tierra y mar que se mueve al ritmo de la magia, pero
hoy lo estremece un movimiento social: un movimiento sísmico de grado
insospechado.
El gobierno jamás imaginó que el pueblo
chilote se levantaría en apoyo a la protesta de pescadores y
mariscadores por sus reclamaciones en torno a las consecuencias de la
denominada marea roja. Se supone que
ésta constituye un fenómeno natural configurado por la proliferación
desmesurada de microalgas que contienen toxinas y que al ser consumidas
por moluscos y éstos, eventualmente, por humanos, pueden ser
potencialmente letales.
Diversas organizaciones chilotas y
nacionales, ponen en entredicho el carácter natural del evento, puesto
que el vertimiento de 5 toneladas de desechos –salmones y truchas en
descomposición– que generan químicos
sulfhídrico de alto riesgo, por parte de la industria salmonera hace un
par de meses habría alterado significativamente el ecosistema y sino
producido, al menos agravado profundamente los efectos de la marea roja.
Pero lo que sucede actualmente en
Chiloé trasciende lo episódico y uno puede vislumbrar sin temor a
equivocarse que la rebelión chilota de mayo marcará un punto de
inflexión en la historia política reciente
del archipiélago. Es en este marco general movimental que uno puede
argumentar al menos 5 razones por lo cual nada jamás será igual en
Chiloé. La isla seguirá siendo isla, pero nunca más será isla política,
toda vez que las movilizaciones han evidenciado:
Primero: La connivencia entre el Estado y la empresas salmoneras
Durante la crisis de la industria
salmonera a causa del virus ISA, el primer gobierno de la presidenta
Bachelet actuó como garante para que los empresarios pudiesen contraer
préstamos con la banca privada por
un total de 450 millones de dólares. Ello en adición a otros
millonarios beneficios y programas. Asimismo, a pesar de los serios
perjuicios económicos, sociales y ecológicos producidos por esa misma
crisis y por la operación de la industria, el 2011 y el 2012
el SEIA de Los lagos entregó Resoluciones de Calificación Ambiental
(RCA) a 4 proyectos para aumentar hasta 16 veces su producción en las
inmediaciones de Isla Guar, en el Seno de Reloncaví.
Lo anterior, mientras tanto a los pescadores,
mariscadores y sus familias, el ministro de economía le ofrece un magro
bono de 100 mil pesos mensuales para bajovivir en condiciones
humillantes. El ministro Jorge Burgos se burla de
las demandas de los pescadores señalando que el gobierno no es de
“billetera fácil”, cuando el gana 9 millones de pesos mensuales y,
claro, siendo ministro de defensa –y antes– los gobiernos de la
Concertación jamás fiscalizaron cómo se gastaban los recursos
provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Es decir, ahí sí existió
“billetera fácil” para las distintas ramas de las Fuerzas Armadas que
incurrieron
en graves casos de corrupción: los casos Milicogate; la compra de
las fragatas de la Armada; contrabando de armas a Croacia; aviones
mirage; el millonario patrimonio del ex comandante en jefe del ejército,
general Juan Miguel Fuente-Alba, por nombrar
algunos.
Segundo: Terrorismo medioambiental y racismo medioambiental
El Estado avaló, mediante sus instituciones –la
Armada y Sernapesca, por ejemplo–la reciente descarga en marzo de salmón
descompuesto y altamente tóxico en el mar. Pero no tan sólo eso, sino
que por décadas el Estado ha entregado
concesiones a las transnacionales salmoneras que han contaminado las
costas interiores de la provincia de Chiloé. Además, el monocultivo
intensivo ha llevado a cabo las fases más contaminantes del proceso
productivo en sus costas, lagos y fiordos. Chile se
ha transformado en el segundo productor y exportador de salmón en el
mundo, pero las utilidades se las llevan las transnacionales, en este
caso principalmente noruegas, mientras los trabajadores –subcontratados
mayoritariamente– laboran en precarias condiciones.
El medioambiente es víctima de terrorismo ambiental y de racismo
ambiental porque habitando también allí Huilliche, su Ñuke Mapu y su
Lafken ancestral, no son respetados. Al igual que en el territorio
mapuche histórico donde el 70% de los vertederos se encuentra
ubicado en comunidades. El terrorismo y racismo ambientales violan los
derechos de la naturaleza, los derechos humanos, y los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.
Tercero: La existencia de una democracia a la fuerza o democradura
Como habitualmente acontece ante demandas sociales,
el gobierno responde con amenazas, ya sea a nivel discursivo o
factualmente, rehusándose a dialogar, salvo que se depongan las
movilizaciones. Es decir, privando a las organizaciones
sociales del elemental derecho a protestar o bregar por sus
reivindicaciones y demandas. Luego, ante la persistencia de los sectores
movilizados por proseguir su accionar, las autoridades se ven en la
obligación de establecer negociaciones pero bajo parámetros
delimitados por ellos. Es la democracia restringida que es
simultáneamente respaldada por contingentes de Fuerzas Especiales de
Carabineros transportadas a la isla por aviones y helicópteros de la
Fuerza Aérea. Es decir, la democracia a la fuerza: la democradura.
Cuarto: Rol de la comunidad
Una de las características más relevantes del
movimiento social chilote lo constituye el rol asumido por la comunidad
en el despliegue de la organización, la construcción del discurso, y el
accionar de las movilizaciones de los últimos
días. Ha tendido a prevalecer, al igual que en otros movimientos en
América Latina, una lógica más horizontalista, menos jerarquizada y
apartidista. No es, por cierto, una comunidad homogénea, una especie de
entelequia, sino que una conjunción de sectores
sociales, económicos, organizaciones, emanada desde los
barrios, cerros, campo, mar, puertos, pueblos, que se aglutinan en torno
a espacios comunitarios que, o son recuperados, o se intentan recuperar
en tanto comunidad identitaria,
cultural, social, con demandas comunes. La comunidad se
ha reencontrado consigo misma, ha redescubierto su energía, su
teluridad, su memoria de siglos. Esto es lo que ha permitido que el
movimiento se haya desplazado desde el canal Chacao
hasta Quellón y que los chilotes hayan tenido la capacidad de cercar
los pueblos, impidiendo el paso de la policía y desconcertando al
gobierno. Además la fuerza movimental, que sobrepasó con creces las
demandas de apoyo económico temporal a la familias directamente
afectadas por la marea roja, desautorizó a algún dirigente que había
negociado con las autoridades “por una mugre de plata”, como el mismo
reconoció.
Quinto: Territorialización del movimiento y politización de la demanda
El movimiento chilote ha territorializado su demanda y
sus movilizaciones; esto significa, no sólo que desde el mar pasó a la
tierra con las reclamaciones de los pescadores artesanales como
detonante, sino que la demanda adquirió
una calidad chilota. Ya dejó de ser sólo una reivindicación económica,
justa y legítima, sino que adquirió una dirección y horizonte político,
por al menos dos razones. Primero, territorializar la demanda movimental
implica mucho más que extender las movilizaciones
–cortes de ruta, bloqueos, barricadas, manifestaciones–
geográficamente. Significa entender el territorio, además de un lugar
geográfico, como un espacio social que se construye y se le otorga
sentido culturalmente. Es un espacio simbólico, identitario, que
contiene memoria, historia y posibilidad de futuro colectivo. Es un
espacio de disputa de poder. Por consiguiente, el movimiento chilote, lo
declare o no, lo explicite o no, es un movimiento político.
Segundo. El proceso de territorialización de los
movimientos en América Latina se ha verificado fundamentalmente a partir
de la década de los noventa, y no solamente se relaciona con la tierra,
los pueblos originarios o campesinos,
sino que con la recuperación de territorios, sea en sectores rurales o
urbanos. Esto puede apreciarse también embrionariamente en Chiloé con la
participación de pescadores, buzos, profesores, feministas,
estudiantes, pobladores, comerciantes, profesionales,
algueros, organizaciones no gubernamentales, pueblos y comunas, como
Ancud, Castro, Cucao, Chonchi, Curaco de Vélez, Achao, Dalcahue, entre
muchos otros.
La territorialización de la demanda se expresa en el
anclaje de la misma en una problemática específica: la crisis
medioambiental en el archipiélago producto de la operación de la
industria salmonera. Pero, además, es política, puesto
que interpela a la responsabilidad del Estado y al modelo económico que
ha viabilizado la depredación ambiental.
La politización de la demanda del movimiento chilote,
se manifiesta en la disputa de poder territorial en las calles, aunque
en el Petitorio de la Mesa Provincial de Chiloé las 15 demandas aluden
principalmente a temas medioambientales,
en el punto 14, se señala prístinamente: “Exigimos que el representante
que nombre el gobierno, venga a entregar su propuesta a Castro, capital
provincial del archipiélago de Chiloé”. En otras palabras, el
movimiento social de Chiloé está construyendo autonomía,
con o sin permiso, transitando desde la Marea Roja a una Marea Humana.
- Dr. Tito Tricot es sociólogo, director del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe-CEALC.
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