Giulia Massobrio, Kjeld Jacobsen
Antecedentes
ALAI AMLATINA.- Desde la década de 1970, varios países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), en particular los europeos, han comenzado a destinar una parte
de sus recursos públicos para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo, gestionada por sus centrales
sindicales y agencias de cooperación de organizaciones de la sociedad
civil de los países industrializados.
Estos recursos fueron importantes para apoyar el
establecimiento o restablecimiento de los sindicatos reprimidos por los
gobiernos dictatoriales en varios países de América Latina, África y
Asia, y para apoyar la sociedad civil en los
países en desarrollo.
Por otro lado, esta política de cooperación presentó varios
problemas, como la insuficiencia de recursos, limitación temática,
condiciones inadecuadas, análisis de objetivos insuficiente,
dificultades de operacionalización, entre otros.
Sin embargo, estos problemas se resolvieron en lo posible por medio del diálogo democrático entre donantes y receptores.
Mientras tanto, fueron elaboradas varias propuestas, como
por ejemplo la adopción de un nivel mínimo de 0,7% del PIB para
financiar la cooperación internacional, el criterio 20-20 para fijar
contrapartidas, los nuevos métodos para desarrollar
proyectos y medir resultados, entre otros.
Desde la década de 1980, se percibió que la transferencia total de
recursos que los países “en desarrollo” pagaban a los países
“desarrollados” a título de deuda externa comenzó a superar en hasta
tres veces la cantidad invertida en la cooperación
internacional de los países industrializados. Por otra
parte, en la década de 1990 –que fue la década de conferencias sociales
de la ONU– quedó evidente que los objetivos y metas aprobadas por la ONU
eran totalmente incompatibles con
las directrices económicas draconianas emitidas por las instituciones
económicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI),
el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Perspectivas
Con la excusa de aprovechar los recursos del sector privado para
la cooperación, en la práctica se acaba favoreciendo sólo a este sector,
pues la privatización de los servicios públicos permite el acceso sólo a
quienes puedan pagar por ello.
Otro problema, que ha generado numerosos obstáculos e impedido el
enfrentamiento de la pobreza y de otros problemas sociales, es el
criterio de la división de las naciones en los países “desarrollados”,
países “menos desarrollados” y los países
de desarrollo o renta “media”. En particular, este
criterio ha sido extremadamente perverso, pues considera un promedio del
ingreso per cápita apenas superior a la línea de pobreza, e ignora la
pobreza y la desigualdad a nivel regional.
La adopción de este criterio por la mayoría de los países
europeos ha obligado a sus sindicatos y agencias de cooperación a
aceptar los criterios gubernamentales para la selección de los
beneficiarios de la cooperación, dejando afuera
muchos países de “renta media” con grandes problemas internos de
desigualdad.
Al mismo tiempo, en el mercado laboral aumentaron las violaciones
de los derechos fundamentales de trabajo en todo el mundo, especialmente
en términos de libertad de asociación y negociación colectiva. Incluso
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha sido objeto de ataques desde el sector empleador, para
limitar la libertad sindical y extinguir el poder normativo de la
institución.
Ante estos hechos, es urgente ampliar, democratizar y fortalecer
la cooperación internacional para el desarrollo con el fin de responder a
las nuevas situaciones que han surgido en el mercado de trabajo de las
cadenas de suministro globales,
en particular el intento por parte de las empresas multinacionales de
desvincularse de cualquier control estatal a través de los "Arbitrados
Inversor- Estado".
El movimiento sindical como actor de desarrollo
Frente a este escenario, la Confederación Sindical de las Américas (CSA) –mayor expresión sindical del continente y expresión
regional de la Confederación Sindical Internacional (CSI)[i]
– desde su fundación defiende un modelo de desarrollo sustentable con el trabajo decente y la justicia social en su centro.
Con ese objetivo, la CSA, junto a sus organizaciones
afiliadas, las instancias sindicales subregionales, organizaciones
sindicales fraternas y movimientos sociales aliados, formuló en 2014 la
Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA),
documento estratégico a través del cual el movimiento sindical de la región presenta su
propuesta alternativa de desarrollo sustentable para las Américas.
En la PLADA, así como en sus resoluciones congresuales[ii],
la CSA reconoce a los trabajadores/as y sus organizaciones como actores de desarrollo, por su labor de promoción de derechos.
Por lo tanto, se considera que el movimiento sindical debe ser proactivo en el área de la cooperación al desarrollo, pues allí se reflejan directamente las disputas relativas al modelo de desarrollo.
Para desempeñar su labor en el área de la cooperación al desarrollo, desde 2008 la CSA y CSI constituyeron la
Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD)[iii],
cuyo objetivo es, por un lado, aportar la
perspectiva sindical a los debates políticos, para incidir en las
políticas de desarrollo nacionales e internacionales; por otro lado,
mejorar la coordinación y la eficacia
de las actividades sindicales relacionadas con la cooperación al
desarrollo.
En su trabajo de incidencia en el área de la cooperación al desarrollo, la CSA defiende la
cooperación como política de Estado y rechaza la privatización de la cooperación, por estar orientada al lucro privado en vez del interés público.
A nivel de principios, la CSA afirma que toda cooperación –sea Norte-Sur, Sur-Sur o Triangular– deba promover el
enfoque de derechos humanos y respetar determinados
principios[iv],
como la apropiación democrática, la coherencia, la transparencia, la responsabilidad y la sostenibilidad.
Con esta premisa, considera que la cooperación Sur-Sur y
Triangular tiene el potencial de reformular las asimetrías históricas
entre Norte y Sur, ampliando el marco global de gobernanza de la
cooperación.
Además, la CSA afirma que la clasificación de los países
prioritarios para la cooperación debe basarse en un conjunto de
indicadores más allá el PIB per cápita, como la pobreza
multidimensional, el enfoque de brechas estructurales o la evaluación
del índice de desarrollo humano.
Con esta visión como referencia, el movimiento sindical de las
Américas está comprometido a participar activamente –en alianza con
otros movimientos sociales– en el proceso de definición, implementación y
evaluación de las políticas de desarrollo
y cooperación de los Estados. En este marco, la CSA
pretende incidir en la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (Agenda 2030) y de los acuerdos del proceso global sobre
financiación del desarrollo, reivindicando
una propuesta de desarrollo construida por el movimiento sindical, cuya
sustentabilidad armonice las dimensiones laboral, social, política,
económica y ambiental.
Giulia Massobrio y Kjeld Jacobsen, Red Sindical de Cooperación al Desarrollo,
Confederación Sindical de las Américas – CSA.
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