La versión del procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa desparecidos desde el pasado 26 y 27 de septiembre, quienes posiblemente
fueron asesinados y calcinados durante horas en Cocula, se parece a lo dicho
semanas antes por el padre Alejandro Solalinde Guerra. Éste aseguró que no
había ninguna esperanza de que aparecieran vivos los muchachos: afirmó que
todos fueron quemados vivos. Para el religioso, el Gobierno Federal le dio un
manejo político al asunto; y no fue un hecho aislado, sino una acción de
Estado. Posteriormente, de manera intempestiva dejó de opinar. La coincidencia
indica que las autoridades dosificaron la información en un intento de manejar
esta crisis.
Analizando el informe de Murillo Karam,
presentado el 6 de noviembre, podemos decir que éste se basó en dos ejes: el
primero es que, gracias a los últimos tres detenidos, las autoridades pudieron
llegar a la conclusión de que un grupo de más de 40 personas fueron ejecutados
y quemados. Pero la investigación quedará abierta hasta identificar los restos
humanos encontrados, asunto que se realizará en el extranjero. Por otra parte,
el funcionario garantizó que no habrá impunidad: dejó entender que todo el peso
de la ley caerá sobre el exedil de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María
de los Ángeles Pineda Villa, detenidos el pasado 4 de noviembre.
Ambos son
señalados como autores intelectuales. Sin embargo, muchos políticos apoyaron a
estos personajes, como el caso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre
Rivero, quien en principio debería explicar cómo permitió que el grupo criminal
“Guerreros Unidos” controlara amplias zonas de la entidad.
En este contexto, resulta lógico que los
padres de los estudiantes no aceptaran la versión oficial e insistieran en la
necesidad de que las autoridades sigan buscando a sus hijos hasta encontrarlos
con vida. Incluso acusan al procurador de querer dar carpetazo y de no cumplir
ninguno de los diez compromisos que firmaron con el presidente de la República.
En este sentido, exigirán al Gobierno Federal que firme un convenio para que
expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presten
asistencia técnica a las autoridades mexicanas.
Como era de esperarse, las reacciones no
tardaron en llegar: estudiantes en el Distrito Federal mostraron su
inconformidad y bloquearon la avenida Insurgentes Sur, a la altura del Anillo
Periférico, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Por su parte,
estudiantes de la UAM Xochimilco hicieron lo mismo en otros sectores de la
ciudad. Horas más tarde decenas de personas se reunieron en el Ángel de la
Independencia con veladoras, para manifestar su solidaridad, y en las redes
sociales el tema fue recurrente. Sin duda las protestas continuarán subiendo de
intensidad.
El Gobierno Federal tiene que hacer un
balance y ajuste en su estrategia de seguridad: recordemos que entre las
expectativas que generó el regreso del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) a Los Pinos, estaba la aplicación de una estrategia eficaz contra el
crimen organizado, donde hubiera golpes precisos que no propiciaran los baños
de sangre que fueron una constante en la administración pasada.
Amnistía Internacional (AI) ilustra muy bien
lo que sucede en el país: hay alrededor de 22 mil desaparecidos, pero las
autoridades no han dado información sistematizada sobre el tema, y sólo existen
seis condenas por este delito entre 2005 y 2009.
La crisis de credibilidad por la que
atraviesa el Gobierno Federal y la clase política podría terminar con la
carrera política de Murillo Karam, del secretario de Gobernación Osorio Chong y
del líder inmoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega,
más los que se acumulen en la semana.
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