Héctor Tenorio
A la dos de la mañana
sonó el teléfono, era el padre Goyo, me pidió ayuda para que convenciera a los
periodistas Federico Campbell Peña de canal Once y Jenaro Villamil del
semanario Proceso, de ir a entrevistarlo
y difundir la situación que se vive en Apatzingán, fue claro al señalar la necesidad de hacer algo de manera urgente”.
La
charla fue breve, expuso su punto de vista de la violencia en Tierra Caliente
que podría aumentar significativamente en cualquier momento. Ante tal panorama, él ha estado manteniendo pláticas con
otros religiosos de la región en la búsqueda
de posibles soluciones.
El padre Goyo dejó en claro que esta
lucha no es contra en del gobierno federal ni tampoco le interesa enfrentarse
con las autoridades.
“Queremos que ellos nos ayuden a solucionar
la problemática que estamos viviendo, porque
solo juntos podemos lograr que la
paz regrese a nuestro municipio”.
El religioso reconoce
que uno de los principales obstáculos para
lograr la pacificación de la zona
es “la falta de participación de la población”. Coincidimos que existe una
complicidad en los diferentes sectores de la sociedad con la Tercera Hermanad (H3) que mantienen los mismos métodos y
objetivos sanguinarios que sus antecesores: La
Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
Los números no mienten,
en menos de un mes han muerto 25 personas:
El pasado 16 de diciembre en la tenencia de La Ruana, murieron once
civiles pertenecientes a dos grupos armados, el del fundador de las
autodefensas Hipólito Mora Chávez y el del ex integrante de la Fuerza Rural,
Luis Antonio Torres, alias “El Americano”. Ambos presos
El segundo episodio sangriento ocurrió
el 6 de enero, cuando se realizó un
desalojo violento de la presidencia
municipal de Apatzingán, fallecieron nueve personas y seis días después cinco
policías comunitarios murieron y otros seis resultaron lesionados al ser
emboscados en una brecha de la comunidad de Huahua cerca de municipio de Aquila.
En este contexto los
partidos de oposición en la entidad han
cerrado filas en contra del comisionado para la Seguridad y
el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes quien compareció en la
Primera Comisión Permanente, de la Cámara
de Diputados para abordar el tema de la seguridad en Michoacán. Dijo en su
defensa que en la entidad: “Ya no se paga derecho de piso que era una costumbre
en los últimos años", como resultado de la reducción de los delitos de
secuestro y extorsión. Sin embargo, en un año que lleva en el puesto no ha
podido frenar los delitos del fuero común,
que se incrementaron en un 41 por ciento.
Lo más grave es que el
funcionario ha excedido las facultades que le otorgó la Federación en materia
de coordinación. Asumió el control de la entidad, desplazando al gobierno
estatal, el comisionado opera desde un vacío legal.
Los detractores del
funcionario quieren que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, elimine
el decreto firmado el pasado 15 de enero de al año pasado que permitió la conformación de la comisión que preside
Castillo Cervantes.
La oposición pide que
se vaya de la entidad ante la falta de resultados en materia de seguridad y
desarrollo integral. Demandan una explicación seria por parte del funcionario mexiquense sobre el
desafortunado operativo en Apatzingán. Castillo Cervantes, insiste que al menos
siete de las nueve personas fallecidas en el enfrentamiento entre civiles y la
Policía Federal (PF), fueron abatidas por sus propios compañeros en un fuego
cruzado.
Por su parte el
gobernador Salvador Jara Guerrero calificó de “Muy bueno”, el desempeño Castillo
Cervantes. Que ganas de no querer ver la realidad y seguir apostándole a la
simulación. Mientras los michoacanos continúan secuestrados por la clase
política.
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