Javier Suazo
Ello
es así ya que, por un lado, este sector luce fragmentado y
desarticulado; no existe integración, compatibilización y coordinación
de políticas, programas, proyectos e incentivos
para un desarrollo conjunto con una visión de largo plazo. El sistema
de interconexión eléctrica para la región centroamericana (SIEPAC) se
usa como bombero para apagar demandas de urgencia sin una planificación
de largo plazo ni estructuras institucionales
integradas. Asimismo, todavía es fuerte la dependencia de
energías térmicas frente a las crecientes oportunidades que existen
para ejecutar proyectos de generación de energía renovable en la región.
En Guatemala se estima que la energía
renovable generada es menor del 45%, El Salvador de 43% y Honduras 51%.
En
complemento a ello, las agencias y organismos de cooperación
internacional cuentan con suficiente recursos para apoyar la ejecución
de estos proyectos, y hay interés de empresas
privadas gringas para invertir capital en los mismos: pero hay una
falta de capacidad técnica para absorber estos recursos y darle un uso
eficiente. Entre 2014 y 2015, la región centroamericana tuvo acceso
oficial a cerca de 3,000 millones de dólares de fuentes
privadas y cooperantes para ejecutar proyectos energéticos menos
contaminantes, pero las demandas potenciales duplican ese monto.
El
problema es que en la Cumbre Energética se habló muy poco de las causas
que explican los bajos niveles de inversión efectiva en el desarrollo
de proyectos energéticos a pesar
del ajuste de los marcos jurídico-institucionales sufridos por los
países para incentivar su desarrollo y la disponibilidad de recursos
externos facilitados por los OFIs. La primera es la proliferación de un
enfoque extractivista del desarrollo que privilegia
la obtención de beneficios económicos y financieros en un cortísimo
plazo sin considerar la opinión y participación de la población,
organizaciones de sociedad civil de base e incluso de gobiernos locales.
En los países de la región, especialmente Honduras
y Guatemala, la ejecución de proyectos de energía renovable se liga a
prácticas institucionales corruptas que induce a la protesta pública de
la población afectada.
Lo
segundo con el cubrimiento de los costos de las externalidades
negativas de los proyectos con impactos no deseados en las economías
locales y condiciones materiales de vida
de los pobladores.
Sobre
lo primero, organizaciones de sociedad civil y grupos ambientalistas
han venido denunciado que los proyectos energéticos renovables se
ejecutan sin consulta y participación
previa, esto es sin el consentimiento y aprobación de los pobladores de
las zonas donde construirán represas;
los casos donde se ha realizado esta consulta, la mayorías de las
reuniones celebradas han sido manipuladas por los alcaldes, gobierno
central y ejecutores privados, por lo cual no hay el consenso requerido
para ejecutar la obra.
Esta
mala práctica está afectando la construcción de los proyectos e impacta
negativamente en su ejecución y sostenibilidad futura. Hay tomas de
calles y ríos de grupos indígenas
por la construcción de represas, pero también por los efectos que
tienen en las mermas del caudal del agua de los ríos aquellos proyectos
en ejecución y aprobados por decreto e impuestos a la fuerza. Un ejemplo
es la construcción de la represa Agua Zarca en
Honduras, que costó la vida de la líder Ambientalista Bertha Cáceres
que ha implicado, entre otras cosas, el retiro de los
inversionistas extranjeros y aumento de la presión de los pueblos
indígenas y organizaciones sociales para que desista de los proyectos y
haga justicia.
Sobre
lo segundo, los gobiernos de la región deben exigir a las empresas una
protección efectiva sobre los daños y perjuicios que puede causar la
ejecución de proyectos energéticos
mal formulados y sin mecanismos claros de regulación y sanción por
parte de los gobiernos centroamericanos. Las acciones a tomar incluyen:
a) el cubrimiento de los costos de las externalidades negativas
generadas con la ejecución del proyectos, elaborándose
un plan de trabajo de dichas acciones y los proyectos adicionales
compensatorios a ejecutarse; b) el respeto a la legislación en cuanto a
que el agua para consumo humano tiene prioridad por sobre los demás
usos, ello ya que las quejas de los pobladores son
que con el proyecto hidroeléctrico encuentran más difícil tener acceso a
una fuente de agua segura; c) una política de incentivos económicos
neutra, o sea que no favorezca a empresarios de estos proyectos
pagándoles más caro el precio de la energía generada
en comparación a otras fuentes aduciendo la fuerte inversión realizada.
El
presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, abogó por una
liberalización del mercado energético de la región, que permita a los
países comprar energía donde se produce
más barata, igual propuso fortalecer los marcos regulatorios. Ello se
da cuando se está a las puertas de la vigencia de la Unión Aduanera
entre Honduras y Guatemala, que es avalada por EEUU y será utilizada
como un instrumento de presión para que se sume el
Salvador en esta primera fase. La liberalización demandada implica que a
lo interno del país, se eliminen también los subsidios a las empresas
que distorsionan el mercado e impactan negativamente en el bolsillo de
los consumidores al garantizársele un precio
mayor por kilovatio de energía generado incluso superior al de las
plantas térmicas, lo que vuelve a Honduras un país más caro y menos
competitivo por los altos costos pagados por la energía.
Los
presidentes de Honduras, Guatemala y Salvador, miembros y beneficiarios
del Plan del Triángulo Norte de la Región, o el Patio Trasero de EEUU
junto a México, expusieron también
acerca de los avances habidos con dicho plan, después que corriera el
rumor en Washington que la administración Obama suspendería dichos
fondos por los pocos resultados obtenidos en el combate de la violencia,
corrupción e impunidad. Incluso, en el caso del
El Salvador se pensó que ello era posible por el aumento de la
violencia en las calles, y en Honduras por la falta de castigo a los
corruptos y responsables de la muerte de Bertha Cáceres (ya se dio la
captura “supuestamente” de cuatro personas involucradas
en el asesinato).
El
presidente Obama se muestra complacido por los avances en los
alineamientos de los fondos, por lo que los gobiernos exigen el
desembolso de un 25% de los 750 millones de dólares
aprobados por el Congreso pero disponibles hasta 2017.
No
obstante estos avances, la región centroamericana presenta dos
crecientes focos de inestabilidad económica y social. La primera es la
llamada crisis ambiental estructural
por la pérdida de los bosques que amenaza por convertir a países como
Honduras en desiertos, sumado a problemas de sequía agrícola y
dependencia alimentaria por el cambio climático. La segunda es la crisis
de empleo, donde el grupo de jóvenes que no estudia
ni trabaja (Niní) se multiplica, y las universidades ya no son una
opción por los altos costos y las pocas oportunidades de trabajo y pago
de salarios que se ofrecen por el mercado una vez obtenido el título. En
Honduras hay más de 1 millón de Nini, sin que
existan políticas claras de inserción progresiva en el mercado de
trabajo.
La
administración Obama ha destinado cinco millones de dólares para
fortalecer la interconexión regional eléctrica y abaratar el costo de la
energía, y también existen recursos
en el marco del Plan de la Alianza del Triángulo Norte para combatir la
violencia, fortalecer a las fuerzas de seguridad pública y operadores
de justicia para reducir los niveles de corrupción e impunidad
alarmantes. Todavía, para el caso de Honduras, no se
aprueba otro compacto de la Cuenta del Milenio que permita generar
fuentes de trabajo en forma rápida y mejore el acceso a los alimentos
básicos por la población en situación de pobreza. Los beneficios mayores
de los proyectos energéticos se focalizan en un
grupo reducido de empresas nacionales y de capital extranjero, donde se
involucran diputados y funcionarios de gobierno, pero los mayores
efectos e impactos negativos (pérdida creciente de acceso a fuentes de
agua segura para consumo humano y desplazamiento
de territorios y hábitat naturales) los sufre mayormente la población
de bajos recursos.
Hay que poner la mirada en estos problemas que presagian otra crisis de magnitudes insospechables para la región y su gente.
No hay que seguir con la destrucción de las principales fuentes
de valor: el trabajo humano y la naturaleza, propio de un modelo
neoliberal autoritario.
Tegucigalpa, 6 de mayo de 2016
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