Mario Sosa
Daniel Pascual es un hombre k’iche’, dirigente del Comité de Unidad
Campesina (CUC), una de las organizaciones campesinas históricas en
Guatemala, y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej.
Desde sus inicios de lucha en el CUC, Daniel se ha distinguido por su
compromiso de lucha por los derechos colectivos y por las
transformaciones en el país, en especial por la tierra y por políticas
agrarias y rurales para beneficio del campesinado y comunidades
indígenas y rurales, negadas permanentemente por la clase dominante y
por sucesivos gobiernos.
Daniel ha sido parte en la conducción de luchas contra políticas y leyes
nocivas de beneficio exclusivo para el capital local y transnacional,
como la llamada Ley Monsanto, el Tratado de Libre Comercio entre
República Dominicana, Centro América y Estados Unidos, cuyos impactos
significaron un grave deterioro de la economía campesina y rural.
Asimismo, Daniel viene siendo fundamental en la defensa de los
territorios indígenas ente la embestida extractivista. La última de
estas luchas fue la Macha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y
la Vida.
En la actualidad Daniel, como muchos otros luchadores sociales, es
objeto de un proceso de criminalización. Esto hace parte de la
persecución contra el movimiento campesino e indígena, y las comunidades
y pueblos mayas, xinca y mestizo, los cuales están resistiendo a los
proyectos y políticas extractivas.
Daniel es acusado por supuesta injuria, difamación y calumnia. Lo acusa
Ricardo Méndez Ruiz, un ex militar, columnista y político de extrema
derecha, quien desde la “Fundación contra el Terrorismo”, financiada por
empresarios, quien realiza una férrea defensa a favor de militares
acusados de crímenes de lesa humanidad y se dedica a actuar contra las
organizaciones que accionan para lograr justicia por crímenes de guerra
y contra el extractivismo.
Es claro que Méndez Ruiz pretende aplacar la lucha social. Se afirma
esto debido a que la denuncia contra Daniel se origina de declaraciones
emitidas en el ejercicio de su derecho a la libre emisión del
pensamiento y en legítimo derecho de expresar su apoyo a la resistencia
de la comunidad Las Trojes (San Juan Sacatepéquez, Guatemala), que lucha
contra la cementera San Gabriel, propiedad de la familia Novella. En
específico, Daniel cuestionó la acción de columnistas que, como Méndez
Ruiz, le acusan de terrorista y han tergiversado su labor como dirigente
campesino. Es evidente también la pretensión de inmovilizar
políticamente a Daniel Pascual, cuando persigue que sea objeto de
arraigo y embargo de sus bienes.[1]
Resulta sospechoso también que la denuncia sea procesada por vía
ordinaria del Código Penal y con la intervención de un Tribunal de
Imprenta, y no por la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. En
este marco, la jueza Carmen Toaspern ligó a proceso penal a Daniel, con
el argumento que la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento sólo
aplica a periodistas. Esta decisión impone una interpretación que
gremializa el derecho de libre emisión del pensamiento y contraviene la
Constitución Política en esta materia. Por esa razón, la jueza Toaspern
fue objeto de recurso de recusación y de denuncia ente el Procurador de
Derechos Humanos por obviar la aplicación del derecho constitucional
referido al derecho a la libertad de emisión del pensamiento.
La Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional
de Derechos Humanos enfatizaron que en este caso existen anomalías
procesales.[2] Actualmente está en manos de la Corte de Constitucional
resolver el recurso para enmendar la decisión de la jueza antes
mencionada y restituir el derecho a la libre emisión del pensamiento.
[1] Sobre Méndez Ruiz pesa una condena por incitación al odio contra
activistas de derechos humanos, emitida en 2013 por el Procurador de
Derechos Humanos. Véase:
https://www.plazapublica.com.
[2] Cerigua. Proceso judicial contra Daniel Pascual contiene anomalías.
Guatemala 29/03/2016. En
http://cerigua.org/article/
Daniel Pascual es un hombre k’iche’, dirigente del Comité de Unidad
Campesina (CUC), una de las organizaciones campesinas históricas en
Guatemala, y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej.
Desde sus inicios de lucha en el CUC, Daniel se ha distinguido por su
compromiso de lucha por los derechos colectivos y por las
transformaciones en el país, en especial por la tierra y por políticas
agrarias y rurales para beneficio del campesinado y comunidades
indígenas y rurales, negadas permanentemente por la clase dominante y
por sucesivos gobiernos.
Daniel ha sido parte en la conducción de luchas contra políticas y leyes
nocivas de beneficio exclusivo para el capital local y transnacional,
como la llamada Ley Monsanto, el Tratado de Libre Comercio entre
República Dominicana, Centro América y Estados Unidos, cuyos impactos
significaron un grave deterioro de la economía campesina y rural.
Asimismo, Daniel viene siendo fundamental en la defensa de los
territorios indígenas ente la embestida extractivista. La última de
estas luchas fue la Macha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y
la Vida.
En la actualidad Daniel, como muchos otros luchadores sociales, es
objeto de un proceso de criminalización. Esto hace parte de la
persecución contra el movimiento campesino e indígena, y las comunidades
y pueblos mayas, xinca y mestizo, los cuales están resistiendo a los
proyectos y políticas extractivas.
Daniel es acusado por supuesta injuria, difamación y calumnia. Lo acusa
Ricardo Méndez Ruiz, un ex militar, columnista y político de extrema
derecha, quien desde la “Fundación contra el Terrorismo”, financiada por
empresarios, quien realiza una férrea defensa a favor de militares
acusados de crímenes de lesa humanidad y se dedica a actuar contra las
organizaciones que accionan para lograr justicia por crímenes de guerra
y contra el extractivismo.
Es claro que Méndez Ruiz pretende aplacar la lucha social. Se afirma
esto debido a que la denuncia contra Daniel se origina de declaraciones
emitidas en el ejercicio de su derecho a la libre emisión del
pensamiento y en legítimo derecho de expresar su apoyo a la resistencia
de la comunidad Las Trojes (San Juan Sacatepéquez, Guatemala), que lucha
contra la cementera San Gabriel, propiedad de la familia Novella. En
específico, Daniel cuestionó la acción de columnistas que, como Méndez
Ruiz, le acusan de terrorista y han tergiversado su labor como dirigente
campesino. Es evidente también la pretensión de inmovilizar
políticamente a Daniel Pascual, cuando persigue que sea objeto de
arraigo y embargo de sus bienes.[1]
Resulta sospechoso también que la denuncia sea procesada por vía
ordinaria del Código Penal y con la intervención de un Tribunal de
Imprenta, y no por la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. En
este marco, la jueza Carmen Toaspern ligó a proceso penal a Daniel, con
el argumento que la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento sólo
aplica a periodistas. Esta decisión impone una interpretación que
gremializa el derecho de libre emisión del pensamiento y contraviene la
Constitución Política en esta materia. Por esa razón, la jueza Toaspern
fue objeto de recurso de recusación y de denuncia ente el Procurador de
Derechos Humanos por obviar la aplicación del derecho constitucional
referido al derecho a la libertad de emisión del pensamiento.
La Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional
de Derechos Humanos enfatizaron que en este caso existen anomalías
procesales.[2] Actualmente está en manos de la Corte de Constitucional
resolver el recurso para enmendar la decisión de la jueza antes
mencionada y restituir el derecho a la libre emisión del pensamiento.
[1] Sobre Méndez Ruiz pesa una condena por incitación al odio contra
activistas de derechos humanos, emitida en 2013 por el Procurador de
Derechos Humanos. Véase:
https://www.plazapublica.com.
[2] Cerigua. Proceso judicial contra Daniel Pascual contiene anomalías.
Guatemala 29/03/2016. En
http://cerigua.org/article/
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