Sally Burch
Pero, más allá de la agenda que se viene manejando
desde hace años –como el compromiso siempre postergado de la OMC de
tratar temas de desarrollo y la negación de los países más ricos a
discutir los subsidios agrícolas—, una nueva
amenaza se perfila para los países del Sur, ya que, desde julio del año
pasado, la meta principal que vienen planteando los países del Norte en
el marco de este organismo es lograr un acuerdo –en lo posible ya en la
Conferencia de diciembre– para iniciar negociaciones
sobre el comercio electrónico, o e-commerce, a pesar de ser un área en la cual la mayoría de países del Sur aún no están en condiciones de competir.
Es
un hecho que hoy el comercio en bienes y servicios digitales está
remplazando, aceleradamente, el comercio en bienes y servicios físicos,
en numerosas áreas.
En pocos años, y en particular con la expansión de la “Internet
de las cosas”, llegará a representar un alto porcentaje del comercio
mundial, convirtiendo muchos productos en servicios.
Tan solo para dar unos ejemplos, muchos servicios de atención de
salud (incluida la cirugía) se podrán contratar a distancia en otro
país.
O alguien en Buenos Aires podrá comprar en amazon.com
la maqueta de un par de zapatos diseñado a su gusto y a la medida a su
pie, y luego imprimir los zapatos localmente en una impresora 3-D.
Esta
evolución implica sin duda que será necesario contar con un marco
básico internacional para regir este nuevo ámbito del comercio, máxime
considerando que se trata de transacciones
que cruzan las fronteras con mucho más facilidad que los bienes
físicos.
El problema es que las potencias mundiales tienen un desarrollo
mucho mayor en productos y servicios digitales; y quieren asegurar su
acceso a todos los países del mundo, no solo para la venta libre, sin
aranceles ni restricciones, sino también para
poder extraer sin trabas los datos generados por estos servicios.
Y es que los datos en masa (o “big data”) constituyen la
materia prima de la nueva economía digital: alimentan los algoritmos y
la inteligencia artificial, conformando una especie de "cerebro social"
que permite controlar los más diversos
sectores.
Vale
recalcar: no es que sea malo en sí desarrollar el comercio electrónico,
como tampoco la inteligencia artificial; de hecho podrían ser muy
beneficiosos en muchos ámbitos;
es más, su avance es sin duda imparable. Más bien el
problema radica justamente en el hecho de que el comercio electrónico es
controlado en un alto porcentaje por un puñado de empresas
transnacionales (principalmente 4 ó 5 de Silicon
Valley, EE.UU.), y son estas empresas las que están empujando para que
se establezcan reglas vinculantes en la OMC que les favorezcan y les
permitan aumentar aún más su control monopólico del mercado.
En cambio, ningún país en desarrollo, salvo China, ha establecido niveles significativos de soberanía en tecnologías digitales.
Entonces, de aceptar la apertura total que se está planteando en
la OMC, significará ceder soberanía en un sinfín de áreas, lo que
prácticamente equivale a una nueva forma de colonización.
Las propuestas del Norte
Entre las principales propuestas que plantean los países desarrollados se incluyen:
– La prohibición total de tarifas aduaneras a los productos digitales; y principios de no discriminación.
– Ninguna restricción a los flujos transfronterizos de datos; y ninguna obligación de almacenar datos en servidores locales.
–
La prohibición de regulaciones que obliguen a las empresas a transferir
tecnología, procesos de producción u otra información propietaria.
– Ninguna obligación para una empresa de utilizar tecnología local en lugar de la tecnología que ella prefiere.
– La prohibición de introducir nuevas regulaciones al
e-commerce, más allá de las ya existentes en la OMC para los servicios y bienes físicos.
Estás clausulas son muy problemáticas para países que aún no tienen desarrollado su capacidad tecnológica.
Por ejemplo, significarían que no se podrá discriminar a favor de
proveedores locales, ni aplicar tarifas para beneficiar la producción
local.
Varios países quieren introducir la obligación de almacenamiento
local de datos, sea para cuestiones de soberanía y seguridad o para
evitar la entrega gratuita de los datos, que son una fuente de valor en
la economía digital.
La transferencia tecnológica ha sido una demanda histórica de los
países del Sur, para el impulso de su propio desarrollo; la propuesta de
prohibir que pueda ser obligatoria contradice incluso otras reglas de
la propia OMC.
La obligación de usar tecnología local (por ejemplo en
telecomunicaciones) ha sido utilizada con éxito por países como China
para impulsar su propia industria tecnológica.
Y es injusto e ilógico prohibir nuevas regulaciones, sobre todo
cuando se trata de cuestiones de interés público, para servicios que aún
ni siquiera existen.
Una agenda de desarrollo
Para poder desarrollar realmente su capacidad tecnológica, a los
países del Sur no les conviene en este momento negociar acuerdos
vinculantes de este tipo.
Primero, porque se busca marginar otra vez la agenda de
desarrollo real, particularmente en torno a los productos agrícolas (que
son de los pocos que son menos susceptibles de digitalizarse).
Segundo, porque muchos países aún no cuentan con las condiciones
necesarias para ello, como el acceso amplio a la banda ancha o incluso a
Internet, o un sistema bancario que facilite transferencias
internacionales.
Aceptar reglas vinculantes a corto plazo podría constituir más
bien un obstáculo para desarrollar capacidad y soberanía tecnológica.
Entre los riesgos se incluyen: la pérdida de empleos ante una
competencia desleal; mayor vulneración de la seguridad y privacidad;
extracción/expropiación de datos sin ningún beneficio económico; evasión
de impuestos y pérdida de ingresos fiscales; mayor
dependencia tecnológica; disminución del espacio de políticas públicas;
limitaciones para la integración y el desarrollo de mercados
regionales.
Incluso implica un aumento del riesgo de una nueva crisis
financiera global, ya que se limitaría la capacidad de regular los
servicios financieros.
Vale tener presente también que lo que se quiere introducir en la
OMC ya se había negociado en gran parte en el ahora difunto TPP (Tratado
Transpacífico); y sigue en negociación en el TISA (Tratado sobre el
Comercio en Servicios).
En la OMC, ya existe un Programa de Trabajo en Comercio
Electrónico, mandatado para discutir e intercambiar sobre estos temas,
desde las distintas perspectivas e intereses; mas no tiene el mandato de
negociar nada.
Lo nuevo ahora que plantean los países del Norte es que quieren abrir negociaciones.
Claramente es necesario primero un debate abierto y a fondo sobre
las implicaciones del comercio electrónico y de acuerdos de este tipo,
particularmente para los países en desarrollo, antes de negociar reglas
vinculantes que bien pueden inhibir
su futuro desarrollo. La poca consideración que los
países desarrollados han dado a la agenda de desarrollo de Doha deja
serias dudas sobre su voluntad de tomar en serio estas necesidades.
- Sally Burch es periodista de ALAI.
Fuentes:
South Centre. 2017. “The WTO’s Discussions on Electronic Commerce: Analytical Note.” Geneva.
https://www.southcentre.int/
Deborah James, “Twelve Reasons to Oppose Rules on Digital Commerce in the WTO”,
http://www.alainet.org/en/
Parminder Jeet Singh, “Trading away our digital rights”,
http://www.thehindu.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario