Jessica Portocarrero
ALAI
AMLATINA.- El escándalo de los Papeles de Panamá,
considerado como la filtración de documentos más grande de la historia,
reveló la creación de más de 200 mil
empresas offshore a través de 21 paraísos fiscales, durante las
cuatro últimas décadas, mostrando una vez más que el sistema financiero
está configurado para socavar la economía mundial.
A
través de la creación de empresas offshore, es decir, empresas o
sociedades constituidas fuera del país de residencia, las empresas
trasnacionales, los corruptos o los criminales
han venido trasladando sus patrimonios hacia paraísos fiscales,
confirmando así la existencia de una gran industria de empresas offshore
encargadas de construir y tejer complejas estructuras empresariales que
permiten ocultar recursos y activos, evadir impuestos
y esconder dinero procedente de la economía ilegal.
Las empresas o compañías offshore son principalmente constituidas en paraísos fiscales
dado los beneficios que estas
jurisdicciones otorgan a los inversionistas. La baja o nula tributación,
así como el secreto bancario son los principales atributos de estos
territorios. Este último, especialmente, permite
realizar transacciones financieras manteniendo la confidencialidad de
la dimensión de sus inversiones así como la identidad de sus
beneficiarios finales.
En
los últimos 40 años, hasta el 2010, la riqueza privada escondida en
paraísos fiscales se calculó entre 21 y 32 billones. En el caso de
América Latina y el Caribe, este monto
asciende a 2 billones de dólares, siendo México el país que registra
mayor salida de flujos hacia paraísos fiscales.[i]
Lamentablemente, la proporción de riqueza depositada en paraísos
fiscales es mucho mayor en el caso de países en desarrollo que en los
países desarrollados.
Actualmente
no existe una lista única de Paraísos Fiscales que identifique a países
que brinden incentivos nocivos y altos niveles de secretismo. Cada país
establece sus propios
criterios al momento de definir si un territorio es considerado o no un
paraíso fiscal, y en muchos casos, esta designación responde a un
proceso o negociación política, más que a un análisis serio de las
características regulatorias del país.
De
cualquier forma, la clasificación más conocida y empleada es la
realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos –OCDE–, que en los últimos años
ha dejado de considerar como paraísos fiscales “no cooperativos” a
todas las jurisdicciones que se comprometían en implementar estándares
de transparencia e intercambio de información. Es así que todas las
jurisdicciones consideradas anteriormente como paraísos
fiscales, hoy ya no son parte de la lista por haberse comprometido en
mejorar la transparencia y el establecimiento de un intercambio efectivo
de información en materia tributaria.
En
el caso de América Latina, hemos analizado los listados de paraísos
fiscales para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Perú, República Dominicana, Uruguay.
Todos ellos cuentan su propia lista de paraísos fiscales. Argentina y
Ecuador cuentan con los listados más amplios de paraísos fiscales, con
93 jurisdicciones; seguidas por El Salvador con 78 jurisdicciones.
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Los paraísos fiscales del Perú
En el caso de Perú, 43 jurisdicciones están presentes
en su lista de paraísos fiscales, de los cuales el 30% están ubicados
en América del Norte y el 27% en Europa. Según información de la SUNAT,
administradora tributaria peruana,
en el 2015 el paraíso fiscal más empleado por personas naturales y
empresas fue las Islas Caimán, seguido por Hong Kong y Panamá[ii].
Las transacciones realizadas entre empresas con paraísos
fiscales ascendió a S/ 13,700 millones, aproximadamente US$4,150 mil
millones de dólares, de los cuales el 74.66% corresponde a transacciones
hechas con Panamá, Barbados y Hong Kong.
Dichas transacciones se realizaron a través de mecanismos de
precios de transferencia, vía generalmente empleada por las empresas
transnacionales para facilitar la fuga de Flujos Financieros Ilícitos
especialmente dentro de transacciones comerciales.
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Para
los países de América Latina analizados, 7 jurisdicciones están
presentes en todas las listas nacionales de paraísos fiscales: Antigua y
Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada,
Islas Cook, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía. Si comparamos
estas listas con el Índice de Secreto Financiero de Tax Justice Network,
encontramos una discordancia, ya que muchas son jurisdicciones opacas
por las que transitan enormes flujos financieros
pero no tienen una relevancia correspondiente a su nivel de inserción
financiera mundial. Por ejemplo, Suiza solo está presente en el 20% de
listas analizadas.
A
nivel mundial se están tomando medidas para frenar el uso de los
paraísos fiscales, así como el sacar provecho del secreto bancario a
través de diversos mecanismos que permitan
el Intercambio Automático de Información, entre ellas, la
iniciativa de la OCDE, FATCA impulsado por EEUU, así como a través de
diversos acuerdos de doble tributación. En el marco de la OCDE, 101 jurisdicciones han manifestado
su compromiso con el intercambio automático de información[iii],
que implicaría intercambiar información estandarizada de manera
automática de todas las cuentas financieras de los residentes fiscales
de dichos países, con una frecuencia anual.
México fue el primer país latinoamericano que manifestó en 2013 su intención de apoyar el modelo de intercambio.
Del
mismo modo se viene empujando la iniciativa de contar con un registro
de beneficiarios finales, que permita conocer quién, en última
instancia, tiene el control de la empresa
y se beneficia de ellas.
Lamentablemente
estas iniciativas no contemplan que la información recolectada sea de
acceso público lo cual limita la efectividad de las mismas logrando
debilidad en su verdadero
alcance e impacto. La apuesta de la sociedad civil es que esta
información sea de libre acceso para que tanto los hombres y las mujeres
de prensa, así como la sociedad civil tengan un rol fiscalizador sobre
todo frente al poder corporativo.
Jessica Portocarrero – Latindadd
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