Alejandro Villamar
Esta fue una respuesta mundial
coordinada de ciudadanos y de organizaciones campesinas y académicas
comprometidas socialmente, en oposición a la ofensiva desatada por las
transnacionales en los más diversos
frentes. En el Congreso de los EEUU, en los informes “científicos”, en
las instituciones latinoamericanas, y desde luego en los megaproyectos
comerciales como son el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y el
Acuerdo de Asociación Transatlántico para el
Comercio y la Inversión (TTIP).
Después que el estado de Vermont, base del Senador
demócrata Bernie Sanders, aprobó en 2014, una ley de etiquetado
obligatorio para alimentos conteniendo transgénicos, le siguieron los
estados de Connecticut y Maine, así que todo
el año pasado los esfuerzos de los cabilderos se volcaron tratando de
evitar que el ejemplo cundiera en otros estados.
A finales de 2015 la alianza trasnacional y los
conservadores en la Cámara de representantes aprobaron una ley de
etiquetado voluntario (H.R. 1599), pero sobre todo que limitara las
facultades estatales para regularlos a nivel nacional.
La protesta social y científica de más
de 600 organizaciones de EE.UU. que apoyan el etiquetado obligatorio se
preguntó, en voz de Wenonah Hauter una destacada activista: The United
States of Monsanto? Y calificó
la maniobra de “otro síntoma de una democracia secuestrada por los
intereses corporativos”.
A principios de 2016 la estrategia
transnacional transgénica se acentuó en el Senado, con un cabildeo de
cerca de 100 millones de dólares repartidos, pero en plena campaña
electoral y con el 88% de la población
apoyando el etiquetado obligatorio, la oposición ciudadana y los votos
demócratas derrotaron la iniciativa (S. 2609) por escaso margen.
Frenada la maniobra legislativa en EE.UU., la acción
se reactivó en dos frentes claves: la del discurso ideológico avalado
por instituciones y científicos ricamente subsidiados por las
corporaciones transgénicas, y sobre todo en
el terreno de imponer las reglas internacionales comerciales, que
mediante los mega-tratados les abrieran las puertas a las exportaciones y
al control alimentario mundial.
Mediante la controvertida e impugnada
opinión pro-OGM del Consejo Nacional de Investigación (NRC): brazo de la
Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. y receptor de millones de
dólares en fondos de corporaciones
como Monsanto, DuPont y Dow Chemical, denunciado por la prestigiada
organización civil Food&Water Watch (FWW), recién se ha vuelto a
reactivar la falsa imagen de opinión “científica” favorable al consumo
de productos transgénicos.
Sin embargo, la oportuna publicación de
FWW sobre los profundos y detallados lazos entre la mayoría de los
expertos en OGM de los centros de ingeniería genética, las instituciones
y los fondos corporativos,
es contundente al afirmar que “se han creado conflictos de interés en
todos los niveles de la organización” y que mientras esto no se ventile y
se resuelva a favor de la autonomía real de los investigadores, las
opiniones “científicas” están manchadas de duda
sobre su “objetividad” y credibilidad.
Una opinión similar fue expresada hace tres años, en
2013, por más de 230 científicos de muy diversos países, que afirmaron
No hay consenso científico sobre la seguridad de los OGM.
Finalmente, los mega-tratados comerciales y de
inversiones, favorables a los intereses corporativos y con la pretensión
de sentar las bases trasnacionales del siglo XXI, están siendo una de
las fronteras de la contienda política
entre los intereses comunes socio-ambientales y los intereses de la
industria biotecnológica, nano-tecnológica y de la biología sintética.
En el mega-acuerdo transpacífico, las
empresas transnacionales, sus cabilderos y funcionarios cómplices,
lograron dejar plasmados sus objetivos en el Capítulo 2 de Trato
Nacional y acceso de bienes de mercado,
especialmente en el Artículo 2.29 comercio de productos de la
biotecnología moderna del texto del TPP se permite la entrada
indiscriminada de cultivos transgénicos, de peligrosos productos
biológicos y nanotecnológicos.
La trampa jurídica fue construida bajo la larga
experiencia de, primero reconocer de manera retórica el derecho de
cualquier estado a proceder conforme sus propias leyes, reglamentos y
políticas, y poner a disposición del público
información sobre el tema y los permisos y procedimientos aduanales.
Sin embargo, la fracción 5 del artículo citado establece el
condicionante metodológico impuesto en la permisiva legislación
estadounidense de aceptar niveles bajos de contaminación y atenerse
a las Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad
de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante. Que traducida
a lenguaje llano es aceptar los criterios, normas y procedimientos de
la potencia dominante.
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- Alejandro Villamar, economista mexicano, es miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).
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