Javier Suazo
ALAI AMLATINA.- Más
de 4 meses han transcurrido desde la fecha (2 de marzo de 2016) que fue
asesinada la líder ambientalista y de derechos humanos, Bertha
Cáceres. El gobierno de la República dio captura y puso a la orden de
los tribunales de justicia a los autores materiales del crimen, no así, y
esta es la percepción de la población hondureña y de organizaciones
defensoras de derechos humanos, a los autores
intelectuales.
El 2 de mayo de 2016, el
periodista defensor de derechos humanos y miembro del Frente Nacional de
Resistencia Popular (FNRP), Félix Molina, sufrió un atentado que casi
le cuesta la vida. El periodista había denunciado
que detrás del atentado a la lideresa indígena podrían estar
involucrados los financiadores y directivos ejecutivos de la Empresa
Hidroeléctrica “Agua Zarca”. Y esta es quizá la principal justificación
para que defensores de derechos humanos y ambientales
pidan la profundización de las investigaciones sobre el crimen, y a los
órganos del Estado la captura de los responsables como autores no
visibles del mismo.
Los familiares de Bertha Cáceres
han pedido al gobierno de Honduras permitir una Comisión independiente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que investigue el
caso, ya que dudan de la buena fe
y efectividad de los órganos del Estado coludidos en su mayor parte con
la corrupción y el narcotráfico. Igual llamamiento han expresado altos
funcionarios de la Unión Europea, la Embajada de EEUU, el Consejo
Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia
y connotados actores de cine y líderes mundiales. Todavía no se ha
recibido una respuesta favorable, más bien se denuncia por los
familiares la contaminación del caso y la renuencia a permitir un
conocimiento detallado de las investigaciones por las organizaciones
de derechos humanos.
El 14 de junio de 2016, frente a
esta renuencia del gobierno de la Republica, cuatro (4) congresistas
demócratas presentaron a la Cámara de Representantes en EEUU un proyecto
de Ley denominado Ley Bertha Cáceres
“para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de
seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones
de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y hasta
que los responsables de estas violaciones sean llevados
ante la justicia”. Solicitan que se investigue no solo el asesinato de
Bertha Cáceres y el atentado a Félix Molina, sino también los asesinatos
de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la comunidad
garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas
campesinos en el Valle del Aguan. La ayuda del gobierno y pueblo de
EEUU será reactivada solo si el gobierno hondureño enjuicia exitosamente
a los militares y policías involucrados en estos hechos, igualmente a
los autores intelectuales.
La aprobación de la Ley Bertha
tendría un impacto directo en el presupuesto de las FFAA y Policía
Nacional de cerca de 25 millones de dólares de ayuda y cooperación
directa de EEUU, y cerca de 60 millones de
dólares de la banca multilateral, en especial del BID, donde EEUU actúa
como aval. Exige que el Ejército se retire de las tareas que realiza la
Policía Nacional tal como manda la Constitución de la Republica,
proteja los derechos de periodistas, sindicalistas,
campesinos, activistas de derechos humanos, afro-indígenas, LGBTI y
opositores al gobierno, y el restablecimiento del estado de derecho
depurando los órganos del Estado responsables de tanta corrupción,
impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales
del ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta
pública.
Es poco probable que esta Ley
tenga la acogida deseada y sea aprobada, aun cuando las evidencias e
informes de organismos de derechos humanos demuestran un relación
directa y determinante entre el fortalecimiento
de las FFAA y Policía de Honduras y aumento de las violaciones de
derechos humanos y ambientales y negocios ilícitos producto del
narcotráfico. También se demuestra los altos niveles de corrupción e
impunidad de los órganos encargados de impartir justicia,
los que se han visto favorecidos con los recursos asignados por EEUU y
la banca multilateral a la traída reforma de la seguridad publica en
Honduras, donde todos los intentos han fracaso con un creciente
desperdicio de recursos financieros en un país cuyo
pueblo sigue sumido en la pobreza extrema, ignorancia y el caos
político.
En este fracaso destaca la
liquidación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y
el eventual cierre de la Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial (DIECP) que funciona sin
estructura operativa y presupuesto.
El presidente Hernández denunció
en Washington que organizaciones de sociedad civil tergiversan
información sobre la situación de los derechos humanos en Honduras y la
entregan a congresistas y senadores, con
lo cual le hacen mucho daño al país; sin embargo, la evidencia empírica
y los estudios realizados por instituciones u organizaciones de
derechos humanos internacionales documentan estas violaciones
sistemáticas donde se involucra a militares y policías. Aunque
la Ley Bertha Cáceres no se mete con los fondos asignados al Plan
Alianza para la Prosperidad (PAP) ya que es una iniciativa de EEUU con
los presidentes del Triángulo Norte (patio trasero) de Centroamérica:
Honduras, Guatemala y el Salvador, por un monto inicial
de 750 millones de dólares, es evidente que hay una relación directa en
los temas de narcotráfico, seguridad regional y gobernabilidad
democrática. Incluso el vínculo también existe en el tema económico,
donde se apuesta a la generación de empleos productivos
siendo una de las intervenciones importantes la generación de energía
eléctrica de fuentes renovables.
La Ley “Bertha Cáceres”, aunque difícil de aprobarse en EEUU,
ha prendido las alarmas en Honduras donde se habla de una nueva
legislación para proteger en forma efectiva a los defensores de derechos
humanos, campesinos, indígenas, garífunas, periodistas, miembros de la
comunidad lésbica –gay y líderes de la oposición
política hostigados por oponerse a la reelección presidencial, pero
también en los OFIs que observan como miles de dólares son tirados al
cesto de la basura cuando no se cumple con los objetivos de la reforma
de la seguridad pública y más bien se fortalece
la corrupción e impunidad dentro y fuera de los operadores de justicia.
Las alarmas también se han
prendido en los países que conforman la UE, ya que la práctica de
violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ambientales,
corrupción e impunidad es contraria a sus principios
de creación y a la ejecución de programas y proyectos orientados a
promover la gobernabilidad democrática en Honduras. Es por eso que se
habla
de una Ley “Bertha Cáceres” para Europa, que incluso
incorpore un principio de condicionalidad para la ayuda bilateral
otorgada a Honduras, sujeto a la protección de los derechos humanos,
logros sustanciales en materia de reducción de
la corrupción e impunidad y juzgamiento de militares y policías
involucrados en estos actos. Implica un proceso de depuración acelerada
de los órganos del Estado como la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia,
FFAA, Policía y Tribunal de Cuentas.
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