Néstor Busso
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
señaló su preocupación por las reformas a la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual que favorecen la concentración:
de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Estado debe
“revisar las recientes reformas en el servicio de comunicaciones
audiovisuales que podrían tener el efecto de concentrar la titularidad
de los medios de comunicación y afectar negativamente
el derecho a la libertad de expresión”. El documento exigió la adopción
de medidas para impedir esa concentración.
El organismo de Naciones Unidas también se
manifestó respecto a la lentitud para investigar las responsabilidades
de los grupos económicos en delitos de lesa humanidad, la persistencia
de las prácticas de tortura y las detenciones arbitrarias
por parte de la policía fueron algunas de las situaciones que
destacaron los expertos que escucharon a representantes del gobierno y
de algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano
de Justicia de Género y las Católicas por el Derecho a Decidir. El
Estado debería ahora implementar las recomendaciones para materializar
el compromiso expresado por sus funcionarios con la ONU.
Entre los hechos que fueron motivo de preocupación y que se destacan en el
documento del organismo internacional figuran:
- Demoras para investigar la responsabilidad
empresarial en delitos de lesa humanidad y cambios preocupantes en áreas
del Estado vinculadas a la protección de los derechos humanos: la ONU
destacó el informe sobre la responsabilidad empresarial
en delitos contra trabajadores durante la dictadura y la creación de la
Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas
“pero lamenta los obstáculos en el avance de las investigaciones de
estos delitos y que dicha Comisión no haya sido
implementada hasta el momento”. Exige que se avance en el juzgamiento
de los empresarios y del personal de las empresas involucrados en
delitos de lesa humanidad. En varios puntos, expresó preocupación por
“la adopción de recientes medidas de reducción de
personal y cambios institucionales en áreas destinadas a la protección
de los derechos humanos, particularmente respecto a las instituciones
destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia”.
- Preocupación por las reformas a la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual que favorecen la concentración: de
acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Estado debe
“revisar las recientes reformas en el servicio de comunicaciones
audiovisuales que podrían tener el efecto de concentrar la titularidad
de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la
libertad de expresión”. El documento exigió la adopción de medidas para
impedir esa concentración.
- Persistencia de prácticas de tortura y malos
tratos y falta de investigación y sanción: los expertos de la ONU
manifestaron preocupación por los niveles de autogobierno de los
servicios penitenciarios y el escaso número de condenas a
los responsables de torturas o malos tratos. Recomendaron medidas
específicas para una mejor investigación y sanción de estos delitos y
señalaron que urge la implementación de la Ley que creó el Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura. Para el Comité,
se debe “asegurar que el Mecanismo Nacional de Prevención (de la
Tortura) sea establecido en todas las regiones del país (y que) disponga
de recursos humanos y financieros suficientes para funcionar
eficientemente”.
- Hacinamiento en las cárceles y lugares de
detención prohibidos: el Comité solicitó que el Estado adopte “medidas
eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros
penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder
debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas
privadas de libertad, en particular el acceso a la salud, tanto en el
ámbito federal como provincial”. También indicó preocupación por el uso
de las comisarías como lugares permanentes de detención.
- Muertes en el hospital neuropsiquiátrico Melchor
Romero. Necesidad de implementar la Ley Nacional de Salud Mental: la ONU
expresó preocupación por “internaciones por períodos prolongados, sin
control efectivo, y el fallecimiento de 133
personas en el Hospital Melchor Romero, entre 2012 y 2014”. Recomendó
“la plena aplicación de los estándares internacionales y de la Ley
Nacional de Salud Mental”.
- Detenciones policiales arbitrarias: el Comité de
Derechos Humanos cuestionó la normativa y las prácticas policiales para
la detención de personas sin orden judicial. Expresó particular
preocupación por las detenciones por averiguación
de identidad sin control judicial suficiente.
Exigió que el Estado tome “todas las medidas
necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir
eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito”.
- Lentitud e información limitada sobre la
investigación del ataque a la AMIA: la ONU subrayó que “el Estado parte
debe intensificar sus esfuerzos para investigar lo ocurrido en el ataque
en 1994 al edificio de la AMIA, con el fin de que
los responsables sean llevados ante la justicia” y “tomar las medidas
necesarias para garantizar que la investigación se lleve a cabo de una
manera rápida, efectiva, independiente, imparcial y transparente”.
- Néstor Busso
es periodista argentino, Director de Radio Encuentro, en Viedma,
Patagonia. Miembro de FARCO, ALER y la Coalición por una Comunicación
Democrática. Ex Presidente
del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
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