Héctor Tenorio
El conflicto armado ha entrado en un momento clave, cimbra
a todos porque es la acumulación de la barbarie resumida en una escena que es imposible
de analizar de manera aislada y sólo encuentra sentido en el contexto de una
sociedad que coadyuvó con su indiferencia para que los partidos políticos y el
narcotráfico se convirtieran en sus verdugos. Así debe entenderse el asesinato
de seis personas, incluidos tres normalistas, además de la desaparición de 43
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desde el pasado 26 y 27 de
septiembre, los persiguieron y atacaron narco policías municipales de Iguala,
vinculados al grupo criminal Guerreros
Unidos. En nada alivia el hallazgo
de 28 cuerpos en las fosas del punto conocido como Pueblo Viejo, algunos
cuerpos, podrían ser de los desaparecidos, aunque los familiares se niegan a aceptar
cualquier información oficial.
En el centro
del huracán está el edil prófugo José Luis Abarca Velázquez que habría sido denunciado
desde hace tiempo por sus vínculos con el narcotráfico, las autoridades federales
y estatales no movieron un dedo. Según la declaración de un par de sicarios los
estudiantes fueron ejecutados por órdenes del crimen organizado. Hay versiones
que involucran a los militares, no queda claro cual es el objetivo de
aterrorizar a la sociedad que esta vez sale a las calles, la Federación de
Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), apoyados por padres de
familia, tomaron dos emisoras de radio y en la Procuraduría del estado colocaron
cientos de fotografías de los desaparecidos, mientras 300 integrantes de la
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) se unen al esfuerzo
de seguir buscándolos, las acciones continuarán radicalizándose.
La clase política se rasga las vestiduras, los
senadores pedirán que se castigue tanto a los autores materiales e
intelectuales, como a las autoridades, que por acción o por omisión sean
responsables de está tragedia. Tardíamente la Gendarmería, el ejército, la
Policía Federal trasladan a 114 policías municipales de más 400 elementos para
su certificación al estado de Tlaxcala donde estarán unos 45 días. Cabe
recordar que 22 policías municipales fueron detenidos por su participación en los
hechos violentos.
El gobierno federal intenta llegar hasta las últimas
consecuencias, pero casi nada puede hacer para desenredar la maraña de
complicidades, su ineficacia queda en evidencia. En Europa se dan cuenta que
México no es un lugar seguro para invertir, ni tampoco para pasear, Estados
Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), exigen
que se esclarezca el caso.
El todavía gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, por
dignidad debería renunciar, dice estar listo para hacerlo
o afrontar que la Cámara de Diputado realice un juicio de procedencia en su
contra y posteriormente el Senado de la República se convierta en un tribunal
de sentencia. Sólo el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) se niega a reconocer la ingobernabilidad en la
entidad. De manera desesperada realizan el recuento de los daños, el dilema es
cómo defender a Aguirre Rivero sin parecer cínicos, misión imposible. Nueva
Izquierda (NI) queda atrapada en su mezquindad,
ellos le vendieron la concesión del Sol Azteca al mandatario, exiliando a la izquierda
guerrerense. En estas condiciones se esfuma el sueño del senador de la
República Armando Ríos Piter de ser gobernador. Ahora el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) o el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podrían
aprovechar la coyuntura.
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