Héctor Tenorio
El gobierno federal
ha utilizado a los medios de comunicación de masas como un instrumento para difundir e imponer su propia
versión de los hechos y así mantener el
orden establecido. La eficacia de dicha estrategia pasa por la agenda-setting
que determina la importancia de la información que se va a difundir. No
obstante, enfrenta un reto mayor: Ocultar mediáticamente a los 43 estudiantes
de la Normal Rural de Ayotzinapa que desde el pasado 26 de septiembre del 2014,
están desaparecidos. Convirtiéndose desde ese fecha en el símbolo de la resistencia
contra el proyecto neoliberal que asesina a México.
En Los Pinos no
parecen entender la regla de oro en el manejo de una crisis: Control total de
la información, eso no se ha logrado, en
el resto del mundo continúan buscando la verdad sobre lo sucedido. No obstante,
intentan desplazar el asunto de Ayozinapan con otra información. Creyeron tener
una oportunidad la mañana del 29 de enero, cuando un pipa de gas explotó enfrente
del Hospital Materno Infantil en Cuajimalpa. Los medios insertaron el tema en
el ánimo de la población, pero a medida que iba pasando el tiempo, se diluía el
efecto. Entonces recurrieron a las historias secundarias de los personajes que
salvaron las vidas de los bebés. A pesar del esfuerzo la trama se desinfló debido
a la falta de conflicto. Los culpables recibieron su castigo, el chofer está en
la cárcel y los dueños de la gasera serán multados, fin de la historia. La lección
es volverlo a intentar. El nuevo escándalo
es el fraude cometido por Carlos Mateo Aguirre Rivero hermano de Ángel Aguirre
gobernador con licencia de Guerrero.
Otro estorbo que han tenido
los medios de comunicación de masas y el presidente de la República es la voluntad
de los padres de los estudiantes quienes no pierden la esperanza de encontrar a
sus hijos con vida. Ahora, respaldan el
informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que sostiene que la
Procuraduría General de la República (PGR) miente en su “verdad histórica” ya que nunca demostró que los muchachos
murieron. Desde su punto de vista, la indagatoria no puede concluir, toda vez
que falta procesar una cantidad importante de evidencias.
De manera tardía la PGR reaccionó, consideró
inaceptable que se pretenda sembrar dudas, acusa a estos extranjeros de
malagradecidos ya que nunca actuaron como peritos independientes, sino que se
les incorporó a la investigación como peritos de esa institución. En la versión
de las autoridades se indica que la EAAF recibió los dictámenes, diligencias y
evidencias de todas las actuaciones practicadas en el caso. Acusan a los
argentinos de irresponsables por no
haber estado presentes al momento que se recuperó la bolsa con fragmentos óseos
en el Río San Juan. Incluso se les recuerda que no son autoridades y por eso no podían firmar la cadena de
custodia de los hallazgos.
El problema de fondo de la administración de Enrique Peña
Nieto es la credibilidad, han realizado una investigación poco transparente y
se sospecha que sembraron las pruebas. A finales de febrero llegaran expertos
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el caso se enredará
otro tanto. Además los padres de los estudiantes amenazan con visitar de manera
sorpresiva los cuarteles del ejército en Guerrero. Eso no terminará bien.
Ante tantas ineficacias,
los medios de comunicación de masas tienen la responsabilidad de terminar el
trabajo que no ha podido concluir el procurador Jesús Murillo Karam, enterrar en el olvido a los 43
normalistas que hoy alumbran la lucha de una nación carente de justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario