Aram Aharonian
ALAI AMLATINA.-
Las conversaciones auspiciadas por Unasur entre Gobierno y
oposición están empantanadas, lo que debe ser motivo de preocupación,
máxime cuando a principios de año la oposición anunció como objetivo
prioritario la salida de la presidencia de Nicolás Maduro,
esbozando diferentes modalidades para alcanzar ese fin, como la
renuncia, la enmienda, la reforma constitucional y también el referendo
revocatorio, que se ha convertido en la iniciativa principal, por ahora.
El
último día de julio, el papa Francisco señaló que el Vaticano podría
ser el cuarto interlocutor en este grupo de mediación sobre la situación
en Venezuela junto con los expresidentes panameño
Martín Torrijos, español José Rodríguez Zapatero y dominicano Leonel
Fernández. El canciller vaticano, Pietro Parolin, quien fuera Nuncio en
Caracas, señaló que se espera la invitación oficial del presidente
Nicolás Maduro.
“El
diálogo, ante el cual la oposición tiene una actitud lamentablemente
ambigua, reticente, entre otras razones porque tiene planes alternos
diferentes, es la única opción. Es lo que permitiría
racionalizar el ejercicio de la política y disipar los fantasmas de la
violencia. El chavismo también debe actuar tomando conciencia que su rol
en la actualidad consiste en tender puentes y apostar a la normalidad
dentro de la crisis”, señaló el exvicepresidente
José Vicente Rangel.
El
Vaticano ha tomado distancia de las actitudes ultras de la oposición e
incluso mantiene reservas con la de miembros de la Conferencia
Episcopal.
Pese
a las campañas mediáticas, ningún factor político ostenta la hegemonía,
por lo cual la realización o no de un referendo revocatorio del mandato
presidencial no alterará este cuadro. Para
muchos analistas, esta circunstancia hace imperativa la búsqueda de
acuerdos, que permitan el funcionamiento de las instituciones y la
actividad productiva, y no se tentaran con apelar a la violencia. No se
trata de crear un gobierno de consenso, sino de establecer
los límites y modos de convivencia de factores que seguirán siendo
antagónicos.
Pueden
presentarse varios escenarios para un entendimiento negociado: un
acuerdo para no realizar el referendo y se marche hacia la elección de
gobernadores este 2016 y las presidenciales de 2018,
en un marco concertado de concesiones, o se acuerda celebrar el
revocatorio y se elabora un esquema de garantías para una futura
cohabitación, señala el analista Leopoldo Puchi, ex ministro de Trabajo
del primer gabinete de Hugo Chávez.
Ernesto
Samper, secretario general de Unasur lo dejó en claro: “La oposición
venezolana debe comprender que el único camino de resolución es el
diálogo”.
La “crisis humanitaria”
Una
de las estrategias de algunos sectores de la oposición es apelar a la
crisis humanitaria y de derechos humanos, que bien difunden los medios
de prensa comerciales en todo el mundo e incluso
altos funcionarios de gobiernos de la región, sin saber bien de qué se
trata.
Hablan
de una crisis humana multidimensional y profunda que precisa
urgentemente de ayuda humanitaria por cuanto se corre el peligro de
desembocar en catástrofe humanitaria. Tratan de imponer
un imaginario colectivo de responsabilidad del gobierno y su gestión,
que permite la implicación internacional.
Pero
el argumento no es nuevo, ya tiene dos años. Para estos sectores, se
trata de una megacrisis que ocurre como consecuencia del proceder de
“una hegemonía político-militar, cada vez más depredadora
y, por tanto, destructiva”. Durante el año pasado, los medios,
cartelizadamente, repitieron con buena dosis dramática, que Venezuela
está al borde de una crisis humanitaria, imposible de ser resuelta
internamente, para lo cual se debe apelar a organismos multilaterales,
ONGs, o a la intervención de otros estados.
Es
la misma tesis que manejó, entre otros, el canciller paraguayo Eladio
Loizaga para impedir que Venezuela asumiera la presidencia pro témpore
de Mercosur. Una estrategia
made in Washington.
Este
año, la Asamblea Nacional –donde es mayoritaria la oposición- declaró
en crisis humanitaria el sector salud por la escasez de medicamentos,
insumos médicos y las precarias condiciones de
infraestructura hospitalaria y pidió a la FAO y la Unicef enviar
expertos que evalúen los riesgos.
El
gobierno rechaza la ayuda humanitaria ofrecida al país porque “ella
esconde un deseo intervencionista” y se alega que la crisis es una gran
operación política y mediática. El representante
de la FAO en Venezuela, asegura que el país no está en condición de
ayuda humanitaria.
Por
su parte, el excanciller Roy Chaderton indicó que la situación de
desabastecimiento se debe a la injerencia del gobierno de Estados
Unidos, las acciones promovidas por la derecha venezolana,
por diferentes representantes del sector privado empresarial, la
mediocridad en algunos niveles del gobierno, así como la burocratización
y también la corrupción.
El boicot financiero
Jorge
Rodríguez, alcalde de Caracas, denunció la última semana de julio las
prohibiciones de Washington a las instituciones financieras
multinacionales de prestarles un dólar a Venezuela. “El
mercado internacional no nos ha dado opción”, (…), el problema es
político, porque creen que si nos ahorcan económicamente, lo arrodillan y
renuncia (Nicolás Maduro); y desaparece el chavismo”.
Venezuela
está al día en el pago de los intereses de su deuda externa y en la
amortización que corresponde y sin embargo, no encuentra. Las agencias
calificadores, como los bancos, toman las posiciones
políticas de sus mandantes y deciden tratar de ahogar a Venezuela. El
cerco financiero se concretó en las acciones realizadas por el Citibank,
que anunció el cierre de las cuentas corresponsales que tienen con el
Banco Central de Venezuela (BCV) y el Banco
de Venezuela (de capitales españoles), “que tiene como fin ahogar a
Venezuela para promover una intervención”, dijo Chaderton.
Quizá
los estrategas estadounidenses piensen igual que la oposición
venezolana, que a Maduro lo tienen acorralado, que si favorecen el
diálogo (en Venezuela) o acceden al préstamo (en Washington)
es ayudar a que se salve, a que tome un segundo aliento, como esos
boxeadores que están por caer, señala el director del diario Últimas
Noticias, Eleazar Díaz Rangel.
Esa
política de severas restricciones para préstamos a Chile en época de la
presidencia de Salvador Allende se había aplicado antes contra Cuba y
después contra Nicaragua. Lo que aplican ahora
contra Venezuela persigue el mismo objetivo: debilitar financieramente
el gobierno de Maduro, persuadidos de contribuir a precipitar su salida.
Referendo, la vía de la guerra y después
En
Venezuela, el referendo revocatorio es un derecho constitucional. La
oposición juntó firmas para poder convocarlo, y el primer día de agosto,
el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que
los 24 estados del país cumplieron con la recolección del 1% de las
firmas para autorizar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como
partido para solicitar el referendo revocatorio.
Con
la validación de las 200 mil firmas, la MUD puede pedir la activación
de la consulta. Tendrá dos días para hacer la solicitud, mientras el CNE
debe responder en un máximo de 15 días naturales
y luego, en 15 días hábiles, fijar la fecha y los puntos de recolección
de 4 millones de firmas, equivalente a 20 por ciento del padrón,
necesarias para convocar a la consulta, que la oposición quiere que se
realice antes del 10 de enero de 2017.
Esa
fecha límite es clave. Si el referendo se realiza este año y Maduro
pierde, se debe convocar a elecciones; pero si es revocado después de
esa fecha, los dos años de mandato que faltarían los
completaría el vicepresidente. Para revocar el mandato de Maduro se
necesitan más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido en
2013, cifra que no será fácil lograr.
En
ejercicio de la permanente injerencia, el secretario estadounidense de
Estado, John Kerry, llamó a las autoridades electorales venezolanas a no
jugar a los retrasos en el proceso de referendo
revocatorio que impulsa la oposición. En esta guerra de micrófonos, el
diputado oficialista Diosdado Cabello aseguró que el oficialismo agotará
las vías legales para evitar que se realice el referendo.
De
realizarse, gane quien gane, no resuelve el problema de la hegemonía.
Así que una decisión sobre su realización o no realización debe estar
enmarcada dentro un diálogo más amplio, que cree
las condiciones para que factores antagónicos puedan encontrar
mecanismos y formas de relacionarse que permitan funcionamiento de las
instituciones y la actividad productiva, no solo ahora sino en el caso
de que la oposición llegara a ser gobierno, señala
el analista Leopoldo Puchi.
Luis
Vicente León, director de Datanálisis y apoyo estratégico de la
oposición, señala que ésta debe optar por ir a la batalla para defender
los derechos por la fuerza o reconocer que su capacidad
de presión no es suficiente para ganar la batalla.
“O
algo aún más sofisticado: darse cuenta que la vía de la guerra es
infinitamente más costosa para el país, para el pueblo y para ellos
porque, aún ganando, los deja en una situación crítica
de inestabilidad futura, ya que su adversario quedaría del otro lado,
con plata, armas, fuerza y rabia, listo para desestabilizarlos tan
pronto tengan que tomar las decisiones racionales necesarias para
rescatar los equilibrios económicos vitales, pero muy
costosas políticamente”, indicó.
León
señala que quienes piensan en la vía de la guerra, necesitan responder
algunas preguntas como, quién es el líder, con qué recursos van a la
batalla, con qué armas, con qué plata. El otro
camino implica reconocer que no hay forma de ganar sin negociar,
sentarse con su adversario a buscar algunas aperturas a la democracia,
que ayuden en el futuro, pero que no significan el cambio deseado en el
corto plazo, ni la posibilidad efectiva de obtener
el referendo en el período adecuado y conveniente.
No
es solo una opción, porque la dilucidación del dilema entre la guerra y
la negociación puede llevar a que se fracture y divida
irremediablemente a la oposición, y “que no pase nada y que simplemente
el gobierno surfee, con crisis y todo, con violaciones y todo, con
rechazo internacional y todo, hasta el año que viene o más, sin negociar
ni pelear”.
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Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la
revista Question, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC).
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